Cumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con los puestos de trabajo del nuevo grupo B en la Administración Local

PUBLICADO EN REV. DE ESTUDIOS LOCALES, Nº 124, DE OCTUBRE DE 2009

Por Julio Castelao Rodríguez
Secretario Categoría Superior. Abogado.

1. PLANTEAMIENTO

En materia de cumplimiento de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (en adelante, EBEP), en relación con los puestos de trabajo del nuevo Grupo B, especialmente en lo que se refiere a la posibilidad de que dicha Ley se aplique por una Entidad Local, se está produciendo la congelación de la situación del personal de las Entidades Locales, en cuanto no se reconoce a sus integrantes la posibilidad de que se reclasifiquen en la RPT sus puestos de trabajo mediante la integración en el Grupo B, con titulación única y específica de FP-2.

Han sido frecuentes las solicitudes de personal local en las que no se solicitaba que fuese modificada la Relación de Puestos de Trabajo vigente en la Entidad Local en la que prestaban sus servicios los solicitantes, sino su integración en el nuevo Grupo B, según se establece en la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, con la asignación de sueldo y trienios establecidos para dicho Grupo según se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año siguiente.

El proceso ha sido, en numerosas ocasiones el siguiente: por la Entidad Local se publica la convocatoria de Concurso-Oposición para el acceso, por promoción horizontal interna del personal laboral fijo a –por ejemplo- un número determinado de plazas de Programador de Informática de la Relación de Puestos de Trabajo de dicha Corporación, con exigencia de la titulación única y específica de FP-2, Rama de Informática o equivalente.

Celebradas las pruebas selectivas correspondientes, los participantes en ellas, superan las mismas y son nombrados funcionarios de carrera, tomando posesión de los puestos de trabajo convocados, pero no se les integra en el nuevo Grupo B.

Como es sabido, la Formación Profesional, nivel FP-2, correspondiente al Título de Técnico Especialista (Ley 14/1970, de 4 de agosto), determina, conforme al RD 777/1998 de 30 de abril (art. 10) que:

“en la correspondiente especialidad tiene los mismos efectos académicos y profesionales que el Título de Técnico Superior, tal y como se indica en el Anexo III, según lo preceptuado por la Disposición Adicional Cuarta, Apartado 4, de la Ley Orgánica del Ordenación General del Sistema Educativo.”

En efecto, en el Anexo III, la Informática de Gestión (de la Formación Profesional de 2º Grado: Título de Técnico Especialista) se equipara a Desarrollo de Sistemas Informáticos (Título de Técnico Superior, correspondiente a los Ciclos Formativos del Grado Superior).

La modificación de la RPT, se debe formalizar porque la integración en el nuevo Grupo B creado por el art. 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público debe materializarse por cada Administración, para el clasificación en este Grupo de los puestos de trabajo cuyos titulares ostentan la Titulación de FP-2, así como la asignación de sueldos y trienios establecida para dicho Grupo B, según se establece en Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año correspondiente.

2. LA LEGISLACIÓN REGULADORA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA

A. Antecedentes

El régimen general del empleo público en nuestro país es de carácter funcionarial. No obstante, este se compagina con la contratación de personal conforme a la legislación laboral para el desempeño de determinadas tareas.

Por otra parte la estructura y organización de la función pública actual no responde a un modelo definido con exactitud. El modelo tradicional de función pública giraba en torno a los Cuerpos en cuanto a agrupación de funcionarios basada en una cualificación profesional homogénea, con funciones propias del mismo. Este modelo dio lugar, entre otros problemas, a la creación de multitud de Cuerpos, algunos con naturalezas y funciones casi similares. A raíz de la entrada en vigor del Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, toda esa maraña de Cuerpos quedó reducida a una doble clasificación.

En efecto, el artículo 3 del citado Decreto 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado establecía que los funcionarios de carrera se integran en:

a) Cuerpos generales
b) Cuerpos especiales

La pertenencia del funcionario a un Cuerpo o Escala depende del grado de titulación que éste posea. Posteriormente, a efectos de integrar a los funcionarios en unidades organizativas en función de la titulación exigida por el ingreso (además de cumplir con otras funciones) se crean los Grupos de clasificación. En este sentido y conforme al artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas Para la Reforma de la Función Pública, hoy derogado:

“Los Cuerpos, Escalas, Clases y Categorías de funcionarios al servicio de las Administraciones Públicas se agruparán de acuerdo con la titulación exigida para su ingreso en los siguiente grupos:

Grupo A: Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, o equivalente.
Grupo B: Título de ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto técnico, Formación Profesional de tercer grado o equivalente.
Grupo C: Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalente.
Grupo D: Título de Graduado escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente
Grupo E: Certificado de escolaridad”.

Cada Cuerpo o Escala de funcionarios contaría con varios niveles. El nivel otorgado al puesto de trabajo determinaría uno de los complementos retributivos del funcionario: el complemento de destino. La idea general es que los Cuerpos no tengan asignados para ellos funciones exclusivas, esto es, puestos de trabajo concretos.

El puesto, además, estaba ligado a la carrera administrativa, pues el grado personal que cada funcionario tenía, se podía adquirir mediante el desempeño de puestos de determinados niveles durante un cierto tiempo y según el grado que tuviese el funcionario tendría derecho a recibir las retribuciones correspondientes al nivel de complemento de destino correspondiente a su grado personal.

Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo o Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren clasificados, según dispone el artículo 71 RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, son los siguientes[1]:

CUERPOS O ESCALAS NIVEL MINIMO NIVEL MÁXIMO
GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
20
16
11
9
7
30
26
22
18
14

B. Sistema actual. Ley7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público

La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, ha venido a alterar de forma significativa el panorama anterior, ya que cambia por completo el modelo de carrera administrativa y se difumina aún más la idea de Cuerpo.

Desde el establecimiento de la competencia exclusiva del Estado para dictar la bases del régimen estatutario de los funcionarios en el artículo 149.1.18ª de la Constitución Española, varios han sido los intentos de regulación de la materia, sin embargo, tan solo se ha aprobado alguna norma que la ha abordado de forma parcial y provisional, no consiguiendo establecer  las bases del régimen estatutario en su totalidad.

La realidad existente a raíz de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 se describe en que España, ha pasado de ser un Estado fuertemente centralizado a instituirse un Estado descentralizado en el que surge una Administración territorial constituida por la Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las de las Entidades Locales, y diversificado en una pluralidad de entes dotados de personalidad propia y distinta, lo que afecta de forma directa al personal al servicio de las Administraciones Públicas en cuanto que, además, aumenta su volumen.

Dicho esto, la primera tentativa firme de regulación de una normativa básica sobre funcionarios públicos la encontramos en el “Proyecto de Ley del Estatuto Básico de la Función Pública” de 5 de julio de 1999 que finalmente no llegó a aprobarse.

Posteriormente, en un nuevo intento de elaboración de un Estatuto Básico que regulase la función pública, se constituyó la “Comisión para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público” por Orden APU/3018/2004, de 16 de septiembre. Ésta presentó en abril de 2005 el informe ya citado que recoge unos análisis y estudios previos con la finalidad de servir para la redacción del anteproyecto de dicho Estatuto. El Ministro para las Administraciones Públicas presentó el Informe ante el Consejo de Ministros el 25 abril 2005, y este último aprobó y presentó el “Proyecto de Estatuto Básico del Empleado Público” ante el Congreso el 12 de julio de 2006 para continuar su tramitación parlamentaria, que ha concluido con la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (B.O.E. nº 89, de 13 de abril de 2007). Su entrada en vigor, en la parte que es directamente aplicable, se ha producido el día 13 de mayo de 2007.

Amparado en los artículos 149.1.18ª y 149.1.7ª de la Constitución Española que establecen la competencia exclusiva del Estado para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, así como de la legislación laboral respectivamente, en su disposición derogatoria única, deroga varias normas reguladoras de la función pública así como la mayor parte de los artículos de las Leyes actuales mas importantes en función pública como son el Real Decreto que aprueba el Texto Articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública[2].

El nuevo Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, así como establecer las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas (art. 1). Tomando este punto de partida las Cortes Generales y Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, en desarrollo del Estatuto aprobarán, en el ámbito de sus competencias, Las Leyes reguladoras de la Función pública de las Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas (art. 6). Hay, pues, una primera nota a destacar de la nueva regulación consistente en su grado de indeterminación respecto del modelo final, ya que la normativa básica aprobada, de mucho menor alcance que la anterior, admite una pluralidad de modelos de desarrollo; hipotéticamente tantos como Comunidades Autónomas, a lo que hay que añadir el modelo que se establezca para la Administración General del Estado.

Respecto al ámbito de aplicación[3], el Estatuto se aplicará al personal funcionario “y en lo que proceda, al personal laboral” que se encuentre al servicio de:

- La Administración General del Estado,
- Administraciones de las Comunidades Autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
- Administraciones de las Entidades Locales,
- Organismos Públicos, Agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes cualquiera de las Administraciones Públicas,
- Universidades Públicas,
- Supletoriamente para el personal de las Administraciones Públicas no citado anteriormente.

No obstante, cuando así lo disponga su legislación específica, este Estatuto también podrá aplicarse, bien directamente, bien con carácter supletorio, al personal con legislación específica propia como el Personal de las Cortes Generales; Personal de los demás Órganos Constitucionales del Estado; Jueces, Magistrados, fiscales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia; personal militar de las Fuerzas Armadas; Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Personal retribuido por arancel; Personal del Centro Nacional de Inteligencia y Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito (art. 4). Por lo que se refiere al personal docente y estatutario de los Servicios de Salud, este se regirá por su normativa específica aplicándose el Estatuto de forma supletoria.

El artículo 3 hace referencia al personal funcionario de las Entidades Locales, el cual se regirá por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto, y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respecto a la autonomía.

En cuanto al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas y del Sector Público se regirá por los preceptos de este Estatuto, por la legislación laboral y por “las demás normas convencionalmente aplicables” (art. 7)

Una de las novedades más reseñables del Estatuto Básico del Empleado Público es que introduce en su artículo 8 una definición del concepto “empleado público”. En este sentido se integran en el concepto “quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales”. Tras esta definición procede a la clasificación de los empleados públicos distinguiendo entre:

a) Funcionarios de carrera,
b) Funcionarios interinos,
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal,
d) Personal eventual.

El Estatuto Básico del Empleado Público ordena la actividad profesional en su Titulo V estableciendo primeramente la planificación de los recursos humanos, para a continuación, en su capítulo II disponer la “Estructuración del empleo público”.

En primer lugar, conviene poner de manifiesto que la agrupación de los funcionarios queda abierta de forma significativa, ya que el artículo 75 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que:

“1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través de un proceso selectivo.”

Por su parte, los Cuerpos y Escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

La anterior clasificación en grupos también se ve modificada en el artículo 76 de Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, a cuyo tenor:

“Articulo 76. Grupos de Clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso de los mismos, en los siguientes grupos:
Grupo A
, dividido en dos Subgrupos A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la Ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta.
La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso.
Grupo B
. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del título de Técnico Superior.
Grupo C
. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el ingreso.
C1: título de bachiller o técnico.
C2: título de graduado en educación secundaria obligatoria.”

La nueva clasificación viene impuesta, como nos dice la Exposición de Motivos, “teniendo en cuenta nuestro sistema educativo y en previsión, particularmente, del proceso abierto de reordenación de los títulos universitarios”, en clara alusión al Espacio Europeo de Educación Superior, que ha surgido a raíz de la reunión celebrada en París por los Ministros encargados de la Educación Superior de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, en mayo de 1998. Dicha reunión concluyó con la firma de la Declaración de la Sorbona. Documento en el que se insta al desarrollo de un Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES). Posteriormente, varios países más se han ido sumando paulatinamente a este reto a través de distintas reuniones celebradas  en Bolonia en 1999, Praga en 2001, Berlín en 2003 y Bergen (Noruega) en 2005, entre las que destaca la conferencia de Bolonia del día 19 de junio de 1999, celebrada por los Ministros encargados de la Educación Superior de 29 países europeos, en la que se sientan las bases para conseguir el pretendido EEES en 2010.

La Declaración de Bolonia marcará los siguientes objetivos:

  • Adoptar un sistema fácilmente legible y comparable de titulaciones basado en dos ciclos.
  • Establecer un sistema internacional de créditos.
  • Promover la movilidad de estudiantes profesores e investigadores.
  • Promover la cooperación europea para garantizar la calidad de la Educación Superior.

El reto marcado por Bolonia ha supuesto para los distintos países firmantes, la obligación de emprender las reformas legislativas necesarias para adaptar el sistema educativo al EEES.

Dicha modificación hay que ponerla en conexión con el régimen transitorio que se establece en la Disposición Transitoria Tercera del EBEP, ya que en tanto no generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios mencionados en el artículo 76, anteriormente transcrito, seguirán siendo válidos los títulos oficiales vigentes a la entrada en vigor del Estatuto. Pero para poder adaptarlo a la nueva norma, se incluye una tabla de equivalencias en la citada Disposición Transitoria Tercera, del siguiente tenor:

“Disposición Transitoria Tercera.
(…)
2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor del presente Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional de funcionarios previstos en el artículo 76 de la presente norma, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1
Grupo B: Subgrupo A2
Grupo C: Subgrupo C1
Grupo D: Subgrupo C2
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional séptima.”

En la Disposición Adicional Séptima se prevé que.

“Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación
1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente Estatuto, las Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.
2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de este Estatuto.”

En punto a la carrera profesional de los funcionarios conviene poner de manifiesto el cambio operado, tal y como se desprende del artículo 16 de la citada Ley, a cuyo tenor:

Artículo 16.  Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.

2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actuación y perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

3. Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este Estatuto.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en el Capítulo III del Título V de este Estatuto.
c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.
d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos y escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito.”

Esta Ley lleva a cabo, como ha quedado indicado, la reordenación de los Títulos exigibles para el acceso a la Función Pública (art. 76) y, de conformidad con los Títulos exigidos para el ingreso, establece los Grupos profesionales A (dividido en los dos Subgrupos A1 y A2), B y C (dividido en dos Subgrupos C1 y C2.

Para el acceso a los Cuerpos y Escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del Título de Técnico Superior.

El nuevo Grupo B no se toma en consideración, al hacer la integración automática y transitoria en la tabla de equivalencias y se ratifica cuando la propia norma (DT 3ª.3) regula la promoción, sin pasar por el nuevo Grupo B, del Subgrupo C1 al Grupo A.

Esta integración automática no es aplicable al nuevo Grupo B, que queda reservada a quienes estén en posesión del Título de Técnico Superior, por no existir en los Grupos de clasificación anteriores al EBEP uno equivalente, según la interpretación dada al precepto estatutario por la Secretaría General para la Administración Pública en sus Instrucciones de 5.06.2007, para la aplicación del EBEP a la Administración General del Estado y sus Organismos Autónomos, publicadas por Resolución de 21.06.2007 (BOE del día 23.06.2007).

La creación y reserva del nuevo Grupo B no es de común aplicación a todos los integrantes del anterior Grupo C, sino únicamente a aquellos que, en la Formación Profesional, ostenten la titulación de Técnico Superior, de conformidad con la legislación específica.

Y así resulta, de la enmienda 537, presentada en el trámite parlamentario que condujo a la aprobación como Ley del EBEP, en la que se hacía referencia a que

“Se incluye un nuevo Grupo B que da cabida a una Titulación (Técnico Superior) de gran importancia estratégica, tanto para el sistema educativo, como para el productivo y que, sin embargo, ha sido hasta ahora ignorado en el acceso a la función pública. Se opta por darle tratamiento de grupo independiente, pues se trata de formación superior (subsiguiente a la secundaria), aunque de naturaleza no universitaria”.

El desarrollo de la normativa del EBEP corresponde a la Administración estatal y autonómica, siendo aplicable a la Administración Local en los términos que de las mismas se derive, sin perjuicio de que la legislación estatal tenga, en todo caso, carácter supletorio (EBEP, art. 3.1 y LMRF, art. 1.3º).

Son varios los antecedentes encontrados en nuestra práctica funcionarial que respaldan la oportunidad y legitimidad de un proceso de integración de los funcionarios en posesión de titulación superior en Cuerpos o Escalas de los Grupos inmediatamente superiores.

Los procedimientos empleados han sido distintos en cuanto que, para unos casos se llevó a cabo la integración con carácter automático “Ex lege”, y en otros se llevó a cabo mediante la regulación reglamentaria, con participación en pruebas restringidas.

A) Como antecedente inmediato, es preciso recordar que el Real Decreto 1.174/87, de 18 de septiembre, por el que se regula el régimen jurídico de Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, integró automáticamente en la Subescala de Secretaría-Intervención a los Secretarios de Tercera y a los pertenecientes a la Escala de Secretarios de Ayuntamiento a extinguir, siempre que estuvieran en posesión de la titulación de Diplomado universitario o haber superado los tres primeros cursos de carrera universitaria, quedando el resto de funcionarios sin titulación encuadrados dentro de la Subescala, en el grupo B, como funcionarios no integrados o a extinguir. El R-D 1174/1987, a través de su Disposición Transitoria Primera, llevaba a cabo la incorporación de unos Cuerpos Nacionales (y otras situaciones) creados y organizados con anterioridad a la Ley 30/84, a la nueva estructuración que de la Función Pública y con carácter general y básico para todas las Administraciones Públicas se había establecido por la citada Ley 30/84, en la que se disponía que en este marco jurídico se estructuraban las Subescalas de Habilitación Nacional.

B) En el ámbito de la Administración Local, también existen precedentes como los aprobados en las Comunidades Autónomas, que han atribuido el Grupo C a la Policía Local (empleo de Policía o Cabo) modificando la atribución del Grupo D atribuido por el RD 861/86, de 25 de abril, y a través de normas de rango legal como las de Coordinación de Policías Locales (Valencia, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etc.) y dentro de las competencias atribuidas a las Comunidades Autónomas por el art. 39 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

C) El Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, que modificaba el Real Decreto 1.732/1994, de 29 de julio, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional merece ser objeto de una reflexión global. Así, este Real Decreto ya estaba actuando dentro de la estructuración básica y general de la Función Pública configurada por la Ley 30/84, basada en esa correlación de su art. 25, y que no había tenido mas excepción que la Ley 42/94, de 30 de diciembre, en la promoción del Grupo D al Grupo C, de la Subescala Auxiliar de la Escala de Administración General.

La Disposición Adicional contenía el reconocimiento de una reivindicación histórica del colectivo funcionarial de los Secretarios-Interventores que, además, ya ostentaba en un número muy significativo de ellos, la titulación superior exigible para integrarse en el Grupo A.

El texto de esta Disposición Adicional no recogió la totalidad de las reivindicaciones concretas colegiales, pero sí reconoció la cuestión principal.

Con fecha 13.05.2005, se aprobó el RD 522/2005, que derogaba los términos de la citada Disposición Adicional del RD 834/2003, y en el art. Único reconocía la integración de los Secretarios-Interventores en el Grupo A, cuando se dieran las siguientes circunstancias:

a) Estar en posesión del título académico de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.
b) Contar con un mínimo de dos años de antigüedad en dicha subescala.
c) Superar el concurso y el curso de formación, convocados por el Ministerio de Administraciones Públicas.

2. El tribunal valorará en el concurso tanto los méritos correspondientes a la carrera profesional de los candidatos como sus capacidades y aptitudes. Con este objeto los candidatos presentarán una memoria sobre las funciones propias de la Subescala de Secretaría-Intervención. Los funcionarios de la Subescala de Secretaría-Intervención que, a su vez, pertenecieran a las Subescalas de Secretaría o Intervención-Tesorería estarán exentos de realizar esta memoria, dado que han superado con anterioridad las pruebas correspondientes al acceso a dichas Subescalas de grupo A en el ámbito de la habilitación nacional.
3. El curso de formación, convocado por el Instituto Nacional de Administración Pública, tendrá carácter selectivo y se desarrollará por medios telemáticos atendiendo a los aspectos prácticos y al desempeño de las funciones de la Subescala de Secretaría-Intervención.
4. Los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención que no cumplan alguno de los requisitos recogidos en los párrafos a) y b) del apartado 1 o que no superen el proceso selectivo previsto en el párrafo c) de dicho apartado 1 quedarán como categoría a extinguir en el grupo B. No obstante, conservarán sus derechos económicos y estarán habilitados para desempeñar puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional en las mismas condiciones que los funcionarios integrados en la Subescala de Secretaría-Intervención. A estos efectos, las corporaciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán las modificaciones que resulten necesarias en las relaciones de puestos de trabajo.
En el caso de que los requisitos a que se refieren los párrafos a) y b) del apartado 1 se reúnan en un momento posterior, previa su acreditación ante la Dirección General de Cooperación Local del Ministerio de Administraciones Públicas, serán integrados en la subescala y categoría correspondiente previa superación del proceso selectivo correspondiente establecido en el párrafo c) del apartado 1. Asimismo, aquellos aspirantes que no hubieran superado el proceso selectivo previsto en el párrafo c) del mencionado apartado 1 podrán participar en las siguientes convocatorias que se realicen.”

3. LEGISLACIÓN APLICABLE AL PRESENTE CASO

Se debe tener en cuenta la Disposición Final Cuarta del EBEP en cuanto que, según la misma:

“hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a lo establecido en este Estatuto.”

Por ello, debemos considerar el ordenamiento jurídico transitoriamente vigente para la Función Pública Local y su encuadramiento en el EBEP.

Así,

1º. Los Grupos de clasificación profesional de los funcionarios públicos, con la creación de un nuevo Grupo B, que se excluye de la integración automática y transitoria dispuesta en la citada Disposición Transitoria 3ª del propio EBEP.

El nuevo Grupo B está reservado a los que ostenten el Título de Técnico Superior, propio de la Formación Profesional Superior (subsiguiente a la formación secundaria), de naturaleza no universitaria.

2º. La titulación exigible para acceder a cada uno de los Grupos del EBEP, los establece la propia Ley (art. 76 EBEP).

3º. Con anterioridad a la entrada en vigor del EBEP, los Grupos de clasificación de los funcionarios para todas las Administraciones Públicas y las titulaciones exigibles, se establecieron por la LMRFP (art. 25) con carácter básico (art. 1.3) y la adscripción de los Cuerpos y Escalas de la Administración Pública a estos Grupos, según la titulación exigible para el ingreso en los mismos (art. 26), con igual carácter básico.

4º. En la Administración Local, de conformidad con la reserva de Ley establecida en el citado art. 25 LMRFP, la integración, a la entrada en vigor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante, LBL), supone la supresión de los anteriores Cuerpos y la integración en los nuevos Cuerpos y Escalas de sus integrantes, si reúnen los requisitos establecidos o, en otro caso, su declaración de “a extinguir”.

Así, la propia LBL, con la creación de la Escala de Habilitación Nacional (art. 92.3) y supresión de los anteriores Cuerpos Nacionales, con la integración de sus miembros en la Escala de nueva creación (DT Séptima, desarrollada por el RDL 781/1986, DT 3ª, y RD 1174/1986), así como la supresión del Cuerpo Nacional de Directores de Bandas de Música y la integración de sus miembros en el personal de Cometidos Especiales (DT Séptima LBL, desarrollada por RDL 781/1986, DT 6ª).

Por su parte, en relación con los funcionarios propios de las Entidades Locales, la normativa estatal (RDL 781/1986) establece las Escalas de Administración General y Especial, integrando en ellas a los funcionarios de los Cuerpos anteriores, que se integran en las respectivas Subescalas y Categorías de nueva creación (arts. 167 y 169 RDL 781/1986, declarados posteriormente, por Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de carácter básico).

5º. En cuanto a las Comunidades Autónomas, sus respectivas Leyes de Coordinación de Policías Locales inicialmente promulgadas, han sido objeto de modificación (con exigencia de titulación superior) dando a la integración en los nuevos Grupos configurados, a quienes tengan la nueva titulación exigida y declarando “a extinguir” a quienes no la ostenten.

Así,

- Murcia (Ley 4/1998, DT 1ª),
- Comunidad Valenciana (Ley 6/1999, DT 2ª),
- Cantabria (Ley 5/2000, DT 5ª)
- Andalucía (Ley 13/2001, DT 3ª)
- Extremadura (Decreto 74/2002 DT 1ª),
- Castilla-La Mancha (Ley 8/2002, DT 2ª),
- Navarra (Decreto Foral Legislativo 213/2002, DA 2ª)
- Castilla y León (Ley 9/2003, DT 1ª),
- Islas Baleares (Ley 6/2005, DT 2ª),
- Canarias (Ley 9/ 2007, DT 1ª a 4ª),
- Asturias (Ley 2/2007, DT 1ª),
- Galicia (Ley 4/2007, DT 2ª).

6º. A las Entidades Locales les corresponde, en el marco de la legislación estatal básica general (LMRFP, art. 16; LBL, art. 90.2, RDL 781/1986, art. 126.4) la redacción aprobación y modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo que deberán contener, en todo caso, la denominación, tipo y sistema de provisión de los puestos de trabajo, las retribuciones básicas que le correspondan y los requisitos exigidos para su desempeño. Preceptos básicos transitoriamente vigentes, a los que la normativa vigente aplicable, cual es el caso de Castilla-La Mancha, la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, art. 2.4, añade en el art. 19.2 y en la Orden de 12.05.1989, el Grupo de titulación de los funcionarios que pueden desempeñarlos.

Las Relaciones de Puestos de Trabajo, deben clasificar a todo el personal, funcionario y laboral.

Además, deben prever, en su caso, las eventuales reclasificaciones de los puestos de trabajo cuando hayan de modificarse algunas de sus prescripciones. Estas son competencias del Pleno de las Corporaciones Locales.

Permítasenos recordar que las RPT de las Administraciones Públicas son el instrumento técnico a través del cual se realiza la ordenación del personal de acuerdo con las necesidades de los servicios y se precisan los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo.

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de las RPT, la doctrina científica y la jurisprudencial han venido entendiendo que se trata de disposiciones reglamentarias, de contenido jurídico, que se dictan para resolver con visos de permanencia la organización singularizada de los órganos administrativos y que se incluye en el ámbito de las potestades de autoorganización, internas o domésticas.

Así lo ha señalado el Tribunal Supremo, que en su Sentencia de 25.04.1995 (Arz. 3379) sostiene que:

“Es jurisprudencia consolidada por esta Sala (vgr. SSTS 14 de diciembre de 1990 (Arz. 10163), 14 de julio de 1993 (Arz. 5641) y 28 de noviembre de 1994 (Arz. 9392) que las relaciones de puestos de trabajo aprobadas por las Administraciones Públicas en ejercicio de sus potestades organizatorias tienen naturaleza normativa, atendido su carácter ordinamental y las notas de generalidad, abstracción y permanencia que en ellas concurren, diferenciándolas de los actos con destinatario plural e indeterminado pero carentes de contenido normativo.”

El carácter de permanencia de las RPT es el que tiene que caracterizar a éstas. La elaboración de una disposición administrativa, máxime una RPT con un contenido de disposición de carácter general, requiere de un expediente donde consten los estudios e informes técnicos y de legalidad que sean necesarios para tomar la decisión acertada. Y, por tanto, estos requisitos procedimentales deben cumplimentarse en sus modificaciones posteriores.

Por ello, la jurisprudencia ha corregido con la nulidad de las resoluciones aprobatorias de las Relaciones de Puestos de Trabajo, las que contravienen estos caracteres. A este respecto, debe recordarse la doctrina de la Sentencia del Tribual Supremo, de 7 de mayo de 1993, Sección 70, (Arz. 3580), según la cual:

“TERCERO.‑ Los arts. 19 y 20 de la ley 30/1984, de 2 agosto (RCL 1984\2000, 2317, 2427 y ApNDL 6595), de Reforma de la Función Pública (que forman parte integrante de las bases del régimen estatutario aplicable a todas las Administraciones Públicas, con arreglo al art. 1.3 de dicha Ley), marcan importantes matices entre el sistema de selección aplicable al ingreso al servicio de la Función Pública y el tenido en cuenta para la provisión de puestos de trabajo entre quienes ya ostentan la condición de funcionarios. En el primer supuesto (acceso a la función pública), el sistema selectivo opera omnicomprensivamente “mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso, oposición o concurso‑oposición libre, en los que se garanticen, en todo caso, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad” (art. 19.1). En el segundo supuesto, la provisión de puestos de trabajo adscritos a funcionarios prevé el concurso como sistema normal de provisión, en el que se tendrán únicamente en cuenta los méritos exigidos en la correspondiente convocatoria, entre los que figurarán los adecuados a las características de cada puesto de trabajo, así como la posesión de un determinado grado personal, la valoración del trabajo desarrollado, los cursos de formación y perfeccionamiento superados y la antigüedad (art. 20.1.a). Pero a su lado figura también la libre designación…

CUARTO.‑ La primera constatación que debe hacerse ‑refiriéndonos ya al objeto específico del debate contradictorio‑, es la práctica ausencia de datos objetivos acerca “de las características esenciales de los puestos de trabajo” cuestionados, a cuyo través pudiera colegirse la implicación de “especial responsabilidad” de su desempeño. El preámbulo de la Orden recurrida alude a “la realización de un gran número de estudios encaminados a la optimización de los servicios (…) como consecuencia de una adecuada utilización de los medios humanos de que se dispone en cada momento”. Mas lo cierto es que no se hallan incorporados al expediente, ni han sido aportados a los autos, los elementos probatorios precisos para acreditar la objetividad de las calificaciones otorgadas a los puestos relacionados en la plantilla…” (FD 5.1).

Esta doctrina jurisprudencial está plenamente vigente tal y como se pone de manifiesto en las Sentencias del Tribunal Supremo, Sección 70, de 10 de abril de 1996 (Arz. 1996\3634) y de 10 de abril de 2.000 (Arz.: 2000\4819), que en su Fundamento Jurídico Sexto transcribe el Fundamento Tercero de la de 7 de mayo de 1993 concluyendo que:

“SÉPTIMO.‑ En el caso examinado, como reconoce la sentencia recurrida, no se ofrece ni en el procedimiento de elaboración ni en su memoria, motivación bastante y suficiente acerca de la elección de tal sistema de libre designación para proveer los puestos de trabajo, rechazándose, en este punto, la argumentación de la parte recurrente que estima que la libre designación no comporta por sí arbitrariedad en la apreciación de los méritos de los concursantes, prohibida por el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (artículo 9.3 de la Constitución) y expresamente señalado por el artículo 78.4 de la Ley territorial 2/1987, de 30 de marzo, de la función pública canaria, cuando del examen de las actuaciones (expedientes de los Decretos 186/1994, 187/1994 y 193/1994) se infiere que la mera alusión a tal criterio no justifica el sistema elegido.”

4. CONCLUSIONES

PRIMERA. La integración directa y automática en un Grupo superior es competencia reservada a la Ley, estatal y autonómica.

Únicamente, la integración en Grupo superior, mediante promoción, es competencia de las Entidades Locales, pero en los términos de la legislación estatal y autonómica (art. 18 EBEP).

SEGUNDA. La confección, aprobación y modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en el marco de la legislación estatal y autonómica, corresponde al Pleno de la Corporación Local, debiendo incluir expresamente el Grupo de clasificación y la titulación exigible para la provisión de cada puesto de trabajo.

TERCERA. La literalidad de la legislación básica estatal (art. 25 LMRFP y art. 76 EBEP) revela lo decisivo que para el reconocimiento del correspondiente Grupo, según constante jurisprudencia, es el título exigido para el ingreso en la Función Pública, pues tales Grupos constituyen un mecanismo de ponderación del mérito y la capacidad en la Función Pública, ya que lo que hacen es diversificar a sus componentes según el mayor o menor nivel de la titulación que les fue exigido para su ingreso y presenta, también, un alcance económico.

Esta vinculación entre Grupo, titulación y retribución básica es una exigencia impuesta también por el principio de igualdad (art. 14 CE), pues va dirigida a asegurar que el nivel de titulación exigido a cada funcionario, hará que todos los de igual titulación reciba una misma valoración a efectos retributivos (STS de 5.03.2002; LA LEY 3480/2002).

CUARTA. Las solicitudes a una Entidad Local de integración directa en el Grupo B, puede considerarse que deben ser desestimadas por dicha Entidad, por incompetencia de la misma para llevarla a efecto, pues el desarrollo del EBEP corresponde, como se ha indicado, a la legislación estatal y autonómica.

QUINTA. Sin embargo, parece que puede afirmarse que es competencia de la Entidad Local la reclasificación de los puestos de trabajo incluidos en una Relación de Puestos de Trabajo de la Entidad Local, con su inclusión en el nuevo Grupo B, mediante la modificación puntual de dicha Relación de Puestos de Trabajo, previa la tramitación del oportuno expediente en el que consten los estudios e informes técnicos y de legalidad que sean necesarios para tomar la decisión acertada y sea acreditativo de que dichos puestos de trabajo tienen las características propias de los que deben ser desempeñados por sus titulares en posesión de la titulación de Título de Técnico Superior (actual FP-2) y que es la exigida para el ingreso a los funcionarios a los que se pretenda que alcance esta modificación, ya que se corresponde con la exigida para el nuevo Grupo B, creado por el EBEP.

Tal reconocimiento, lógicamente, se debería extender a las retribuciones básicas, sueldo, pagas extraordinarias y trienios (que se reconocieran en lo sucesivo), sin variación, inicialmente, en las retribuciones complementarias, en tanto no varíe el contenido de estos puestos de trabajo.

Esta es la solución que parece la más recomendable, al objeto de conseguir el efecto fundamental perseguido y que no es otro que la aplicación y reconocimiento al personal citado con título de FP-2 –mediante el cauce formal citado, que consideramos legalmente aplicable-, del alcance de su titulación y de su inclusión en el nuevo Grupo B, pues tienen la titulación legalmente exigible para ello, en el EBEP.


[1] Aplicables a la Administración Local, por RD 861/1986, art. 3.1, en la redacción dada por el RD 158/1996.

[2] La Disposición Derogatoria Única de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público deroga:
-    Numerosos artículos del RD 315/1964, de 7 de febrero, por el que se aprueba la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
-    Numerosos artículos de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública
-    Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (excepto su artículo 7)
-    Ley 17/1985, de 23 de diciembre, sobre Incorporación a la Función Pública Española de los Nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea.
-    Artículo 92 y capítulo III del Título VII de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
-    Demás normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en el Estatuto.

[3] Artículo 2 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

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